Es octubre de 1986. Un muro de ladrillos de dos metros de altura rodea a un sector del Cementerio Municipal de Avellaneda, lo separa de la ciudad y también de la mayoría de las sepulturas. Allí la vegetación crece entre basura desperdigada. Una causa judicial investiga la desaparición del periodista Rafael Perrota, secuestrado en junio de 1977. Un testimonio afirma que fue asesinado y enterrado en el sector llamado “134-Morgue” de ese cementerio de la zona sur del Gran Buenos Aires. El EAAF es convocado a buscarlo. A las pocas horas de iniciar el trabajo, el Equipo descubre que allí hay un gran enterramiento colectivo y que resolver todas las preguntas que contiene será difícil.
Ya transcurrieron casi tres años desde el final de la dictadura y tanto el Poder Judicial como la opinión pública saben que los cementerios fueron uno de los destinos finales de las personas desaparecidas. Desde 1982, se iniciaron causas judiciales, a instancia de familiares, organismos de derechos humanos e intendentes municipales, y las fotos de las exhumaciones copan las páginas de los diarios. Pero las identificaciones son excepcionales: a principios de 1984, solo cuatro de cada cien individuos encontrados en los cementerios fueron reunidos con sus nombres.
Entre el 13 y el 14 de octubre de 1986, el EAAF exhuma a once personas en el sector 134. Puede identificar a una de ellas que había sido secuestrada en La Plata en 1977. Rafael Perrota no es encontrado. Al terminar esa primera etapa, el Equipo sabe que tiene que volver, luego de realizar una investigación histórica, y con un método científico exhumar la totalidad de los cuerpos inhumados en ese predio.
La causa judicial que debía investigar los enterramientos clandestinos; los libros del cementerio; las actas de defunción archivadas en el Registro Provincial de las Personas; las publicaciones del diario La Opinión sobre apariciones de cadáveres y enfrentamientos armados fueron las fuentes de una metodología de investigación que se iba a consolidar a lo largo del tiempo: valorar los testimonios de las y los sobrevivientes, detectar y procesar datos conservados por la burocracia estatal, buscar patrones, proponer hipótesis, encontrar una respuesta, volver a empezar.
A mediados de 1987, como peritos de parte de Matilde Cerviño –quien buscaba los restos de su hija María Teresa, desaparecida en 1976– el EAAF vuelve al sector 134 para diseñar la excavación. El 4 de enero de 1988 las y los antropólogos empiezan a desmalezar el terreno. Para poder registrar los hallazgos con precisión, realizan un diseño de excavación demarcando 41 cuadrículas. En ese lugar trabajaron todos los días durante dos años.
El sector 134-Morgue había sido utilizado entre abril de 1976 y septiembre de 1978 para enterrar a víctimas de la represión ilegal. Funcionó bajo la órbita de la Unidad Regional II de Lanús y de la Comisaría 4ta de Avellaneda. Muchas de las inhumaciones fueron anotadas en el libro del cementerio. Pero no todas quedaron asentadas. Algunas personas fueron registradas con sus nombres. Otras, como NN.
Diecinueve fosas comunes –que albergaron entre tres y 28 esqueletos– y dieciocho sepulturas individuales son encontradas en este sector. Algunas de las fosas son muy profundas, llegan hasta los dos metros y medio. Allí fueron inhumadas 336 personas. Al comparar esta cifra con los registros del cementerio, el EAAF encuentra que 62 están anotadas con su nombre y apellido; 183, como NN y 91 enterramientos no están registrados. Además, no puede establecerse una correlación espacial entre los registros y cada lugar de inhumación.
Esta situación hace del cementerio de Avellaneda un caso particular: en otros de la provincia de Buenos Aires las sepulturas no están asociadas a un nombre pero sí pueden relacionarse con datos como la fecha de muerte, el día de la inhumación, el lugar de hallazgo del cuerpo, el sexo o la edad. El registro documental en el cementerio de Avellaneda no cumplió ese patrón: los datos, escasos, están por un lado; los cuerpos, por otro. Este cementerio también tiene un lenguaje propio: en el registro llamaron vaquera a cada una de las fosas, porque tienen el volumen necesario para contener a una vaca.
La primera pregunta que el Equipo debe responder es si esos 336 esqueletos exhumados pertenecen a personas detenidas-desaparecidas. Los datos cuali y cuantitativos dan las primeras pistas. Un grupo puede asociarse a una práctica que, hasta el día de hoy, es habitual en los cementerios argentinos: se había enterrado en ese sector a personas indigentes no identificadas o “no reclamadas” y a recién nacidos fallecidos en hospitales municipales. Pero no son la mayoría. Entre los 245 registros, hay 160 jóvenes que murieron como consecuencia de heridas de proyectil de arma de fuego y que llegaron al cementerio, sobre todo, entre 1976 y 1977.
¿Quiénes son? El segundo interrogante se multiplica por cientos. El EAAF comienza a recopilar información sobre las personas desaparecidas que podrían haber sido inhumadas en el sector 134-Morgue, a partir de hipótesis sobre el funcionamiento de los circuitos represivos de la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires.
Mediante entrevistas con familiares, amigos y compañeros de militancia se recopilan lo que se conoce como datos premortem: características físicas de las personas cuando estaban vivas que también son observables a nivel óseo (como por ejemplo, el sexo, la estatura y las patologías que sufrió) y datos de sus trayectorias biográficas (como en qué organizacion militaban y cuándo y dónde fueron secuestradas). A través de los cruces de información son posibles las primeras identificaciones.
A principios de los años noventa, la identificación genética recién está dando sus primeros pasos y para utilizarla es necesario partir de una hipótesis. En 1992, el EAAF logra la primera identificación a través del análisis de ADN de víctimas de la dictadura. El matrimonio conformado por Carlos Laudelino Manfil y Angélica Senobia y el hijo de ambos, Carlos, de ocho años, fueron encontrados en el sector 134. Habían sido secuestrados y asesinados el 27 de octubre de 1976 en un operativo en el partido de Avellaneda.
A partir de la puesta en marcha de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, fue posible restituir la identidad a muchos de quienes fueron enterrados en el sector 134 del cementerio de Avellaneda. Un gran número de estas personas habían estado secuestradas en el Circuito Camps, un conjunto de centros clandestinos de detención gestionados por la policía de la provincia de Buenos Aires.
Los restos de María Teresa Cerviño fueron restituidos a su familia en 2007, treinta años después de que su búsqueda en el cementerio había comenzado. En muchos otros casos, el Equipo sigue trabajando en la construcción de hipótesis de identidad.
Cementerio de Avellaneda, Buenos Aires, 1986. Archivo EAAF.
