Son las ocho de la mañana del 22 de abril de 1976. En Las Garzas, una localidad uruguaya sobre el océano Atlántico, un hombre que monta a caballo encuentra a otro, muerto, en el agua, casi sobre la playa. Tiene los ojos vendados. Una hora y media después, la escena se repite ocho kilómetros al sudeste. Siete horas más tarde y catorce kilómetros al noreste, un pescador encuentra a una mujer. Los procedimientos médico legales anotan que los tres cuerpos están muy lastimados; tienen fracturados los brazos, las piernas y los huesos del rostro. Al día siguiente, otros dos varones son detectados sobre la arena. Los cinco son inhumados en el Cementerio Municipal de Rocha. En 2012, la mujer y uno de los hombres fueron identificados y así se pudo reconstruir que ambos habían sido secuestrados en Buenos Aires el 9 de abril de 1976, dos semanas después del golpe de Estado. También se pudo establecer que fueron las primeras víctimas de un vuelo de la muerte en ser devueltas por el agua de las que se tiene registro.
Las primeras denuncias sobre el uso de aeronaves para deshacerse de los cuerpos de las víctimas arrojándolas al Río de la Plata o al mar fueron hechas mientras la Junta militar aún estaba en el poder. Sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación nacionales e internacionales mencionaban que ese era el destino final de al menos una parte de las y los secuestrados. Las noticias sobre las anómalas apariciones grupales de cadáveres en las playas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo a fines de 1977 y de 1978, eran indicios fuertes. Luego de la recuperación de la democracia, algunos integrantes de las fuerzas represivas declararon que esta práctica había existido.
A fines de la década del noventa, la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas se concentró en recopilar y procesar la información sobre muertes violentas registrada por dependencias estatales. Producto de este trabajo, en noviembre de 2004 se determinó que las huellas dactilares de un cuerpo que había aparecido el 21 de diciembre de 1977 en las playas de la localidad bonaerense de La Lucila pertenecían a Ángela Auad. Ángela había desaparecido el 8 de diciembre de ese año, cuando fue secuestrada junto con otras once personas que eran parte del “grupo de la Santa Cruz”, un colectivo integrado por madres de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y otros activistas de derechos humanos que se reunían en una iglesia en la ciudad de Buenos Aires.
A partir de esta identificación, el EAAF inició un trabajo intensivo en el cementerio de la localidad de General Lavalle, en donde habían sido inhumados la mayoría de los cuerpos recogidos de las playas entre principios de 1977 y fines de 1978.
Durante 2005, la mayor parte del grupo de personas aparecidas en las playas de La Lucila y Santa Teresita en diciembre de 1977 fue identificada por vía genética: se trataba de las madres de plaza de Mayo Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. Integraba también ese grupo, además de Ángela Auad, una de las dos religiosas francesas desaparecidas, Léonie Duquet. Todas habían estado secuestradas en la ESMA. En 2017, culminó el juicio de la megacausa que juzgó lo sucedido en este centro clandestino, incluyendo los vuelos como método de desaparición. Las identificaciones de este grupo de mujeres resultaron claves para probar los hechos.
El trabajo del EAAF en los cementerios de la costa de la provincia de Buenos Aires también permitió el hallazgo e identificación de un grupo de dieciséis personas que aparecieron entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en la franja costera bonaerense, entre San Clemente y Villa Gesell. En 2006, cuando todavía las comparaciones masivas de ADN no eran realizables, una identificación por vía dactiloscópica desencadenó la posibilidad de reunir con sus nombres a este conjunto de personas, quienes en su mayor parte habían estado secuestradas en el centro clandestino El Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires.
Hasta el momento, fue posible recuperar 76 registros de hallazgos de posibles víctimas de los vuelos de la muerte, entre abril de 1976 y abril de 1979. En algunos casos se registraron apariciones grupales; en otros se trató de un solo individuo acercado por el agua. Veintidós hallazgos se produjeron en las costas de Uruguay. Cuarenta y ocho de estas personas fueron identificadas, de diecisiete de ellas sus cuerpos no pudieron ser recuperados porque habían sido exhumados y trasladados a los osarios de los cementerios. Cuando los restos óseos sí pudieron ser analizados, fue posible observar un patrón de lesiones en los huesos, un tipo específico de fracturas que se producen al caer desde una gran altura y chocar contra una superficie dura.
La aparición de las personas que fueron arrojadas desde los vuelos de la muerte es una circunstancia muy excepcional: solo una pequeña parte de las víctimas fueron acercadas a las costas por el agua. No es posible saber cuántas fueron traídas pero no vistas, por haber llegado a zonas despobladas o por que nadie llegó a tiempo para encontrarlas. Buscar, hallar, identificar y reconstruir la trayectoria de cada una de estas personas implicó poder probar histórica y judicialmente que tirar los cuerpos a grandes espejos de agua fue uno de los métodos de desaparición utilizados durante la dictadura militar.